Nuevos tiempos…¿nuevas estrategias? El reto de las personas sin hogar en la nueva normalidad.

Por Javi Sancho, Coordinador del Área de Inclusión Social de Emaús Fundación Social

Con el presente escrito pretendemos compartir una serie de ideas y consideraciones respecto de la atención a personas en situación de exclusión social y, en particular en exclusión residencial, en el contexto de la situación actual y de cara al proceso en el que estamos de finalización del estado de alerta sanitaria.

Si algo ha evidenciado esta crisis es el hecho de que todas las personas somos vulnerables. Pero también ha evidenciado la existencia de un gran número de personas que además carecen de la protección social mínima para poder seguir ese tema tan aplaudido del «quédate en casa«,… pero ¿en qué casa?

Sólo en Gipuzkoa se ha duplicado el número de personas sin alternativa de alojamiento sobre las que había registro y que se han identificado durante esta situación tan excepcional. Aunque los estudios realizados hasta la fecha ya avisaban de un incremento significativo, han sido estas circunstancias las que han permitido visibilizar con más detalle la envergadura de las carencias estructurales de nuestro sistema de protección social.

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Y es que esta crisis apela directamente a la necesidad de reforzar nuestro debilitado sistema de protección social, más aún considerando las graves consecuencias socioeconómicas que vienen tras la crisis sanitaria, y en particular el grave problema de acceso a la vivienda.

En este territorio de Gipuzkoa, por parte de las administraciones locales y forales asi como algunas entidades sociales, se han habilitado más de 200 plazas de alojamiento adicionales orientadas a posibilitar el cumplimiento de las medidas de confinamiento. Situación de excepcionalidad que ha requerido de medidas excepcionales y donde hay que reconocer el esfuerzo y, en algunos casos, hasta la colaboración entre esas administraciones, las entidades sociales y las numerosas personas y profesionales que han respondido desde el más absoluto compromiso a la demanda de apoyo y refuerzo que se requirió en los primeros días, tan intensos y caóticos, de declaración del estado de alerta sanitaria.

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Sin duda, este período ha requerido de la voluntad y compromiso de muchas para aportar y contribuir al esfuerzo colectivo, activando dispositivos y respuestas desde la urgencia y precipitación por «la que se nos venía», pero no en todos los casos teniendo en cuenta las necesidades de apoyo de las personas, la consideración al principio de individualización o el enfoque de derecho, que venían vertebrando nuestros discursos durante los últimos años.

Por la seguridad y la protección de la salud pública los profesionales de la intervención social nos hemos agarrado nuevamente a criterios de condicionalidad. Nos hemos convertido en custodios y garantes de que las personas cumplen adecuadamente con las normas de confinamiento a la vez que tienen cubiertas sus necesidades básicas, incorporando en la ecuación el distanciamiento social y las restricciones de los contactos.

Profesionales, por otro lado, insuficientes, que no han contado con los apoyos necesarios, ni de protección, ni de apoyo técnico y/o psicosocial. Que, en muchos casos, y dada la urgencia, no disponían de los medios, ni de los conocimientos, ni de la experiencia requerida para dar respuesta a las necesidades tan complejas que manifiestan muchas de las personas atendidas, y que por lo tanto se han visto desbordados. En muchas ocasiones por la presencia de personas que presentas graves trastornos de conducta. Personas que padecen trastornos mentales graves y que carecen de seguimiento o atención especializada. Personas cronificadas en situaciones de aislamiento, abandono e indefensión que se han visto obligadas a convivir confinadas. Y sin poder escaparse tampoco en muchas ocasiones del rechazo, la incomprensión y la denuncia desde su balcón de honorables vecinos de confinamiento, amplificando asi el estigma de «esos que hacen lo que les da la gana». Sin duda, todo ello requerirá de una pensada.

Pero qué vamos a hacer cuando estos pase. Cómo vamos a dar respuesta al déficit estructural de una sociedad que mira hacia el otro lado cuando hay tantas personas sin acceso a este bien y derecho básico que es la vivienda. ¿?

Sin duda, y en la medida que vamos teniendo la sensación de ir superando este episodio y empecemos a dibujar esa «nueva normalidad» deberemos identificar desde dónde queremos abordar las situaciones de exclusión social y el sinhogarismo que persisten en nuestro entorno y que siguen siendo retos pendientes que nos abochornan como sociedad. Qué necesidades queremos y debemos satisfacer para la protección de las personas y de qué instrumentos y recursos hemos de dotarnos. Y cómo vamos a convivir con la amenaza de nuevos brotes o nuevos riesgos que van a seguir poniendo en cuestión nuestros sistemas de valores y estándares de vida. ¿Seguiremos dejando atrás a los de siempre?

Desde el compromiso con la búsqueda de respuesta a estos retos queremos compartir algunas cuestiones, invitando a la reflexión, pero también apelando a la responsabilidad:

– En primer lugar, urge volver a reivindicar desde el ámbito de los servicios sociales, y con más fuerza si cabe, la función del acompañamiento social con perspectiva relacional y comunitaria, la provisión de apoyos y la intervención socioeducativa y psicosocial, desde un modelo que se centre en las personas, los apoyos y el reconocimiento de derechos.

– Instamos a las administraciones públicas al cumplimiento de sus obligaciones respecto al desarrollo y cumplimiento del Decreto de Cartera de 2015, así como a su revisión y despliegue del mapa de servicios sociales y adecuada distribución territorial de los recursos, velando además por la calidad de los mismos. De manera inmediata apelamos a su sentido de responsabilidad como administraciones públicas para tratar de dar cobertura o impulsar iniciativas orientadas a la continuidad de apoyos de las personas que han sido acogidas en los dispositivos de urgencia.

– Pero si algo tenemos claro es que las respuestas y abordaje del sinhogarismo no va a venir exclusivamente del ámbito de los servicios sociales, sean públicos o privados. Urge, por tanto, incorporar a este debate a las otras administraciones que integran el sistema de protección social: Salud, Empleo y Garantía de ingresos, y en particular, Vivienda.

En este sentido apelamos a la colaboración y a la unidad de las administraciones locales, forales y entidades sociales para exigir a Gobierno Vasco el impulso y desarrollo de un instrumento que ya está definido: la estrategia vasca para personas sin hogar 2018-2021, cuyos principios generales y objetivos siguen teniendo validez, entre los que destacamos los siguientes:

* Reducir el número de personas que carecen de una alternativa de vivienda, asi como reforzar las políticas de prevención del sinhogarismo.

*Adoptar un modelo de atención centrado en la persona y orientado a la vivienda, basado en la perspectiva de derecho y, más concretamente el concepto del doble derecho: derecho a una vivienda independiente y derecho a los apoyos necesarios para la autonomía, la calidad de vida y la inclusión social.

* Con una perspectiva integral, que permita abordar la complejidad de las diversas problemáticas que afectan a la las personas en situación de exclusión grave y por tanto la adaptación de medidas en otros ámbitos como la salud, el empleo, la justicia, la participación social y la garatía de ingresos.

(…)

Por ello, apelamos a la colaboración, el debate y la reflexión conjunta entre las administraciones públicas y las entidades sociales al objeto de buscar alternativas a un horizonte lleno de incertidumbres, con el objetivo compartido de contribuir a una sociedad más justa